El enemigo en casa

01 de Noviembre de 2011 | Entre Ríos

Este año proyectan un crecimiento del 36% en el número de denuncias que llegan a la Justicia. Las acusaciones casi siempre recaen en los padrastros, los padres biológicos, los hermanos y familiares directos como los tíos. Los beneficios que reportó la aplicación de un protocolo de actuación que protege a la víctima.

Las causas judiciales que involucran casos de abuso de menores en el que los abusadores provienen del entorno de la propia familia de la víctima crecerán este año un 36% respecto a 2010. Mientras el año último se tramitaron 110 causas, cuando concluya 2011 se habrán judicializado 150 casos de abuso.

Los datos corresponden a las defensorías Nº 8 y Nº 9, a cargo de los defensores Pablo Alejandro Barbirotto y Mauricio Marcelo Mayer, que son las dos únicas que tramitan casos de abuso de menores. Las denuncias, que ahora tramitan en forma exclusiva esas dos defensorías, son motorizadas primordialmente por los docentes, y también por personal de los centros de salud.

Hay, dice el defensor Barbirotto, un patrón que establece que en el ranking de abusadores está primero el padrastro; después, el padre biológico del menor abusado; y luego, hermanos, medio hermanos, y familiares convivientes, como los tíos.

“Es sorprendente la cantidad de procesos que llegan a juicio y que involucran casos de abuso, y de abusos intrafamiliares. Y frente a esto, la buena noticia es que ahora hay mecanismos que establecen la forma de actuar, y de proteger al menor abusado”, afirma el defensor Barbirotto. Aunque prefiere una corrección semántica: en vez de abuso, habla de ofensa sexual. “El abuso da cuenta de un mal uso. Yo prefiero hablar de ofensa sexual. Nunca un adulto tiene la facultad de uso o mal uso de un chico”, apunta.

CÓMO ACTUAR.

El 1º de agosto de 2010 comenzó a regir en Entre Ríos el Protocolo interdisciplinario de actuación en casos de abuso sexual infantil, que rubricaron el Poder Ejecutivo y la Justicia, y que establece de modo taxativo cómo deben actuar los distintos organismos y funcionarios frente a un caso detectado de abuso.

¿Qué cambia con la aplicación de ese Protocolo? El defensor Barbirotto tiene algunas respuestas, a saber:

a) cada institución que intervine, o que toma conocimiento de un caso –el jardín maternal, la escuela, el centro de salud– sabe qué debe hacer y cómo actuar ante la sospecha de una situación de abuso sexual infantil; y a partir de eso, qué pasos a seguir, y cómo dar intervención a la Justicia, principalmente al defensor de Menores;

b) el Protocolo agrega nuevos carriles de presentación de un caso ante la Justicia. Además de las vías de denuncia hasta ahora existentes –como son la Policía o la Fiscalía–, establece que el hecho debe ser puesto en conocimiento por las instituciones públicas que lo detecten o por la propia victima ante el Ministerio Pupilar, que es quien debe dar intervención a la Fiscalía, y ésta a su vez, al juez;

c) de modo que desde la implementación del Protocolo, la obligación del docente, médico o enfermero consiste en informar al representante del Ministerio Público Pupilar (el defensor de Menores) sobre sospecha de una ofensa sexual contra un niño y/o adolescente; quien finalmente efectúa la denuncia es el defensor, y así se evita que quien denuncie quede expuesto a amenazas o represalias por parte del acusado o sus familiares;

d) la comunicación al defensor cumple una función protectora y preventiva a la vez: es el encargado de pedir medidas de protección que sean necesarias para reparar los derechos vulnerados de la víctima (exclusión del hogar del presunto ofensor, alojamiento provisorio del niño con miembros de la familia extensa o como medida extrema, su alojamiento en un hogar de menores); y se evita males mayores o daños en la persona de la víctima o miembros de su familia. También el defensor debe velar para que el único testimonio que brinde el menor sea bajo la modalidad de Cámara Gesell, y en una única vez. Esta declaración es grabada y una vez finalizada la misma se entrega una copia en DVD al juez o tribunal interviniente;

e) otra práctica frecuente que se erradica con la puesta en marcha de este Protocolo interinstitucional es la de las múltiples revisaciones médicas que debía soportar el niño con posterioridad a la denuncia. El Protocolo establece que la víctima de una ofensa sexual infanto-juvenil será revisada médicamente por única vez a los fines de constatar el abuso sexual y preservar la prueba. Para eso pone en la obligación de los hospitales y centros de salud de la provincia contar con un kit de atención en casos de abuso sexual, que contiene una bolsa o sobre de papel Manila para la ropa de la víctima; hoja de papel del largo de la camilla, para desvestir a la víctima sobre esta hoja, y así preservar la prueba que pueda incriminar al ofensor (pelos, uñas, piel, etcétera) y cuenta también con un anticonceptivo de emergencia, la denominada píldora del día después, en el caso de niñas que hayan menstruado.

OTRO ESCENARIO.

El defensor Barbirotto expuso respecto de los cambios que trajo aparejado la implementación del Protocolo en la provincia durante su participación en las XXIV Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos de la República Argentina, que se desarrolló a fines de septiembre en Salta.

En ese escenario, destacó un punto a favor del Protocolo: fue elaborado por la Mesa de Fortalecimiento Familiar, integrada por representantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), el Consejo General de Educación (CGE), la Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito, la Policía de Entre Ríos y organizaciones de la sociedad civil. “Es decir, es fruto del consenso”, resalta.

La aplicación de esa normativa reportó algunos beneficios, dice. Se logró, apunta Barbirotto, que cada una de las partes que intervine conozca qué hacer y cómo hacerlo, a manera de una especie de eslabones de una cadena, donde, concluida la actuación de uno, comienza la del otro, basados en un principio de confianza. Pero hay otra consecuencia, y es un aumento en el número de denuncias, que “se ha incrementado notablemente”; y otra todavía más relevante, y es la prontitud con que ahora se adoptan medidas de protección a la víctima, lo que a su vez permite la adopción de medidas cautelares respecto del ofensor.

“De esta manera –afirma– se dan garantías al menor, impidiéndose que su participación en el proceso penal ponga en riesgo su recuperación psicológica y de este modo evitar que el niño o niña sea revictimizado”.

“Hay que creerle al chico”

El defensor Pablo Barbirotto defiende el rol del Ministerio Pupilar en la representación del menor víctima de una ofensa sexual. “El abuso es un delito de instancia privada, por lo cual quien denuncia el hecho es el padre o tutor. Pero ocurre que cuando el supuesto autor es un familiar o el tutor, el único con poder de hacer la denuncia es el representante del Ministerio Público Pupilar”, afirma.
La caja de resonancia de esos hechos es, mayoritariamente, la escuela. Pero el docente ahora no tiene que indagar, ni averiguar, ni repreguntar sobre lo que el chico le cuente; sólo tiene que poner en conocimiento del hecho al defensor, éste a su vez al fiscal, y allí entonces se abre la causa penal. “Antes, el chico primero le contaba el hecho al docente, después al director, a la policía, a la Justicia. Hablaba cuatro o cinco veces de lo mismo. Ahora el Protocolo establece que quien recibe la exposición no pregunta”, sostiene Barbirotto.

La premisa es, puntualiza, “creerle siempre al chico”. Sobre esa base, nadie está en facultad de investigar sobre el hecho más que la Justicia. Y el chico siempre declarará en Cámara Gesell, y sin la presencia del acusado.

Aunque el proceso no concluirá de inmediato. La causa puede durar entre uno y tres años. Aunque ya hubo condenas: padres biológicos abusadores que han recibido penas de 15 años de prisión.

Qué es la Cámara Gesell

La Cámara Gesell es un dispositivo que fue creado en el siglo XX por el psicólogo estadounidense Arnold Gesell, para observar la conducta de los menores, sin que éstos se sientan presionados por la presencia de observadores.

Está conformada por dos habitaciones que tienen una pared divisoria en la que hay un vidrio de gran tamaño, que de un lado permite ver lo que sucede en el compartimiento contiguo, y del otro, donde se encuentra el niño, la visión está impedida por un vidrio espejado.

En la Justicia provincial el dispositivo existe desde 1998. Una década después, en 2008, la provincia recibió un nuevo equipamiento, donado por Unicef, que está instalado en la Defensoría General, en los Tribunales de Paraná. El equipamiento anterior fue derivado a Concordia.

Fuente: El Diario. Paraná. Martes 1 de noviembre de 2011
http://www.eldiario.com.ar/diario/interes-general/24979-el-enemigo-en-ca...